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MaloBueno 
José Gabriel Ávila-Rivera*   

7 de febrero de 2012

 

No sé hasta qué grado es adecuado interpretar leyes sin ser abogado, pero considero que vale la pena, tomando como base el sentido común.

La educación representa un bien humano de tal magnitud, que por eso, en todo el mundo se plantea como una legítima e imprescindible condición, a la que debe tener acceso cualquier persona, independientemente de su situación social.


En México sabemos que el artículo tercero de la Constitución enuncia: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”.


No entiendo por qué se le llama preescolar al “jardín de niños” si en la actualidad es claro que forma parte de una escuela. De hecho, el concepto “Kindergarten” es alemán y plantea que los niños se desliguen de la casa en una forma gradual, precisamente mientras se desarrollan progresivamente capacidades psicológicas y motrices (Kinder en alemán es niño y Garten, jardín). Por eso, esta etapa debe ser lúdica y no, de la forma en la que se plantea actualmente, en la que los niños deben leer, escribir y hacer tareas. Todo infante tiene el derecho de jugar en un jardín y no trabajar.


Por otro lado, ¿cómo entender con sinónimos la palabra obligatoria? ¿Necesaria, inexcusable, ineludible o forzosa? ¿Alguien que no pueda llevar a cabo estos estudios será excluido de la sociedad por esta falta de “obligación educativa”?


Lo sorprendente del asunto es que tales enredos surgen a partir de la reforma o modificación mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre del año 2002.


Cuando leemos el texto original, promulgado por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, se puede percibir una claridad sorprendente. Establece el artículo tercero: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”.


Así de puntual y simple.


La separación educativa en -primaria, elemental y superior- incluye a preparatorias o bachilleratos (no contemplados en la actual Constitución) y a las Universidades. En menos de cien palabras se especifican claramente conceptos determinantes. Pero en la actual Constitución (más remendada que un calzón de limosnero), con “reformas” que generan huecos que solamente obstaculizan la comprensión, no sabemos si la finalidad de las modificaciones persigue algún fin perverso o nacieron de la ignorancia, falta de educación, errores o ineptitudes de los políticos, aunque puede deducirse que el objetivo es definitivamente malévolo y por influencia de individuos dogmáticos y de extrema tendencia religiosa.


El caso es que la educación en México está pasando por momentos catastróficos. Citando un ejemplo, en Puebla, el 79% de establecimientos donde se brinda formación superior es particular, lo que demuestra un claro proceso de privatización de la educación pública. La forma en la que se consolida este fenómeno gira en torno a una disminución drástica de la matrícula y una creciente demanda de jóvenes que desean ingresar a la Universidad, estableciendo un gran negocio y un enriquecimiento ilícito de muy pocos, a costa de la juventud.


No sé cuánto cuesta una mensualidad en la licenciatura más barata de Puebla, pero si imaginamos unos mil pesos, el sólo hecho de que tenga inscritos a mil alumnos, genera nada más ni nada menos que ¡Un millón de pesos mensuales! Como se puede ver, este cálculo es apenas simbólico, cuando en universidades de relativo “prestigio” las colegiaturas giran alrededor de sesenta a setenta mil pesos por semestre, por alumno. Entonces surgen algunas preguntas: ¿A dónde va tanto dinero? ¿Cuándo se consolidó este perverso negocio? ¿Cómo fue permitido por los encargados de la Educación? Y simplemente ¿Por qué?


Pero la mayor incoherencia de todo esto emana del mismo artículo tercero constitucional que (en la enredada) fracción II, párrafos A B y C, expresa que el sistema educativo debe ser:


-Democrático, situación a todas luces inexistente pues se puede percibir que en la actualidad es excluyente y dependiente del dinero que se tenga; es decir elitista.


-Nacional, condición que se ha perdido pues lejos de atender nuestra problemática interna, no se orienta al aprovechamiento racional de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia económica ni mucho menos a la continuidad y crecimiento de nuestra cultura.


-Contribuir a la mejor Convivencia Humana, que se invalida pues no sustenta los ideales de fraternidad ni igualdad evitando privilegios, pues hoy solamente estudia quien tiene recursos económicos importantes.


Sin embargo, la más trágica de las realidades emerge con la monstruosa situación de desempleo. No es raro que un plomero, un carpintero o un electricista, lleguen a ganar más y aspirar a un mejor nivel de vida, que un profesionista recién egresado de una Universidad, ya sea pública o privada, sin menosprecio de cualquier actividad de índole laboral.


Esto es frustrante e indignante. La detestable avaricia de los políticos va más allá de nuestra comprensión.


Se podrían analizar más aspectos de éste y todos los artículos de la Constitución, pero me detengo acá. No es necesario ahondar más para poder percibir la urgencia de un cambio radical en todas las esferas de nuestra vida social en México, tan lastimado y vergonzosamente magullado.


Nota:

Agradezco la revisión y comentarios del Economista Mario Villar, para la elaboración de este escrito.


Jose_Gabriel_Avila-Rivera

José Gabriel Ávila-Rivera es médico egresado de la BUAP, especialista en Epidemiología e investigador del Proyecto de Salud Ambiental y Humana, Departamento de Agentes Biológicos, Facultad de Medicina de la BUAP.

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